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Mundo Puigdemont llamó a la resistencia, pero la intervención avanza
29/10/2017 | 110 visitas
Imagen Noticia
En un breve discurso, pidió una "oposición pacífica" al plan del gobierno español; Rajoy nombró a su vicepresidenta para que asuma las funciones del destituido líder regional; cesaron al jefe de los Mossos.
BARCELONA.- Se respiraron nuevos aires ayer en esta ciudad, la capital de Cataluña. Pero no son los que, 24 horas antes, soñaron los independentistas de la marcha imparable hacia la república. La realidad de las horas iniciales mostró que, por mucho que hable de "seguir trabajando por la libertad", el cesado presidente del gobierno regional, Carles Puigdemont, se debilita.

El dato de la jornada fue su ambiguo discurso, en el que no se dio por desplazado y llamó a los catalanes a una "oposición pacífica y democrática" contra la intervención de la autonomía que el presidente Mariano Rajoy dispuso a partir del artículo 155 de la Constitución. Rajoy designó a su mano derecha, Soraya Sáenz de Santamaría, para comandar la intervención en Cataluña durante el interregno que se abre hasta las elecciones del 21 de diciembre.
El gobierno español, que no respondió al discurso de Puigdemont, hizo saber que no vería con desagrado que participara en las elecciones regionales, con las que espera normalizar la situación. La intervención llegó después de varios meses de vértigo que dividieron a Cataluña y al resto de España, y pusieron en alerta a la Unión Europea.
En su discurso de tres minutos grabado fuera de la ciudad, Puigdemont pidió a los catalanes que "perseveren sin violencia, sin insultos, de manera inclusiva y respetando, incluso, a los catalanes que no estén de acuerdo" con la independencia que declaró el Parlamento regional.
"Si Puigdemont quiere seguir en política está, por el momento, en su derecho. Podría presentarse a las elecciones del 21 de diciembre", sostuvo, por su parte, el ministro vocero del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
Pero mientras Puigdemont hablaba por televisión y La Moncloa lo invitaba a presentarse en elecciones, la máxima autoridad de Cataluña pasaba a ser Rajoy. Sólo que delegó esas funciones en su número dos, la misma mujer de la que los independentistas hacían burla en la plaza del Palacio de Gobierno hace sólo unas horas.
Mucho cambió en cuestión de horas. Entre las primeras medidas de la intervención figuró la remoción del jefe de los Mossos d'Esquadra. Josep Lluis Trapero, el héroe policial de los independentistas, acató la decisión con una carta en la que llamó a sus ex subordinados a mostrar lealtad al nuevo jefe, Ferrán López, que había oficiado como su número dos. "Ha sido un honor" ser su jefe, dijo Trapero. Confesó que no era un día fácil, e incluso que estaba triste. Y se fue.
Trapero fue acusado de sedición por la magistratura española en el marco de las manifestaciones en Barcelona del 20 y 21 de septiembre. Junto con él son investigados por los mismos delitos los presidentes de las dos principales organizaciones de la sociedad civil independentista, Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural), que fueron arrestados el 16 de octubre pasado.
Trapero, en cambio, está en libertad condicional, con la obligación de no salir del territorio español.
Lo otro que ocurrió en materia policial es que se le retiró la custodia a los ex integrantes del disuelto Parlamento regional.
El único que la mantiene es Puigdemont, pero, según se explicó, en su condición de ex presidente. Es posible que esos custodios hayan caminado con él en el paseo que se dio por el casco antiguo de Girona, a más de una hora de aquí. Una imagen con la que quiso proyectar una señal de normalidad dentro de lo atípico de las horas que se viven.
Por lo demás, nadie -ninguno de los entusiastas independentistas- apareció por el Palacio de Gobierno. Ni siquiera manifestantes.
Apuesta
Las primeras 24 horas de la intervención que por primera vez aplicó el gobierno español en sus 40 años de democracia transcurrieron con una calma digna de bostezo.
La apuesta de La Moncloa es que siga así durante los 53 días de administración supletoria que tiene por delante. Un plazo que espera finiquitar el 21 de diciembre, con la realización de elecciones "libres y democráticas".
"No sueñen con ver a policías removiendo a legisladores o a funcionarios de sus oficinas porque eso no ocurrirá". La idea es que, en caso de que ocurra alguna resistencia de ese tipo, lo que aplique sea una orden judicial por usurpación, pero no un desalojo policial.
Una vez oficializada la intervención en las primeras horas de ayer, Puigdemont y los 12 miembros de su consejo de ministros en teoría dejaron de cobrar sueldo.
La intervención de una autonomía es una etapa inédita en la España moderna. Se aplicó en esta próspera región luego de la escalada separatista que culminó anteayer, con una cuestionada declaración de independencia.
Ocurrió en un Parlamento con la mitad de sus bancas vacías, en señal de protesta de los partidos nacionales, y con voto secreto, por miedo de quienes lo emitían a eventuales derivaciones penales del sistema judicial español. El mismo del que decían independizarse.
Lejos de la tensión que se esperaba para estas primeras horas de mandato del gobierno nacional, lo que se percibió fue calma y, en todo caso, un cierto desconcierto. Una expectativa por lo que vendrá.
Sáenz de Santamaría será la encargada de coordinar tareas entre los diferentes ministerios y monitorear la marcha de una intervención que se aspira a que sea tan breve como gradual.
"No creemos que sea conveniente prolongar esta excepcionalidad", había indicado el presidente.
Tal vez el primer desafío fuerte empiece mañana, cuando retornen a la actividad los funcionarios y legisladores que no tenían funciones laborales durante el fin de semana. Pero lo visto ayer estuvo lejos de los temores de resistencia civil.
Dispuestos a no perder un solo día, los referentes de los principales partidos nacionales dieron por comenzada la campaña electoral con miras a las elecciones de diciembre.
"Ganaremos las elecciones quienes no vamos contra nadie", prometió el socialista Pedro Sánchez.
Su candidato en Cataluña será Mikel Iceta, el hombre que, hasta último momento, intentó persuadir a Puigdemont para que evitara la vía extrema de una declaración de independencia que nadie reconocería.
"Coexisten dos legalidades en la región"
Jaume Alonso-Cuevillas, el abogado del destituido presidente catalán, Carles Puigdemont, sostuvo en una entrevista con la agencia AFP que dos legalidades coexisten en la región: la de España y la de la "república catalana" proclamada por el Parlamento, considerando que serán los ciudadanos quienes impongan una u otra.
"Tenemos un Parlamento que proclama una república y, por lo tanto, un gobierno que dice «yo soy el gobierno del nuevo Estado», y luego tenemos otro Estado español que dice «esto que hicieron no vale nada»", explicó. "En este momento tenemos dos legalidades coexistiendo", añadió.
El abogado habló ayer poco antes de la breve comparecencia de Puigdemont en la que llamó a oponerse democráticamente a la intervención de Cataluña por parte del gobierno de Mariano Rajoy.
En virtud de la llamada "ley de transitoriedad" adoptada por el Parlamento catalán y suspendida por el Tribunal Constitucional, "hay una nueva república y el presidente de la Generalitat es el presidente de la república", dijo el abogado.
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